Según informó la organización en un comunicado, se dirigieron también a la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, para que exija a la Conselleria la contestación a esas peticiones en el plazo máximo de un mes establecido por la legislación sobre derecho de información ambiental, plazo que "se incumple de forma sistemática por la mayoría de las conselleries", aseveraron.

Agregaron que el plan de construcción del circuito urbano de competición automovilística patrocinado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a través del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos (GTP), "está rodeado de unas características de urgencia y desinformación, que le hace bordear la misma legalidad".

En concreto, en las tres licitaciones de GTP publicadas en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) hasta la fecha, "se niega implícitamente la existencia de un proyecto de circuito urbano de Formula 1 y se sustituye por la expresión conexión entre la Alameda, la Avenida de Francia y el Puerto de Valencia".

Asimismo, se detalla que las tres licitaciones juntas suman un importe de más de 52 millones de euros" pero sin embargo, "no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea", lo que "contradice las afirmaciones de los responsables de la Generalitat que auguraban que esa infraestructura tendría un coste ´cero´ para los presupuestos públicos".

Para la organización ecologista, el proyecto "debería evaluar los graves impactos ambientales que conllevará la construcción y funcionamiento del circuito de competición", como "la contaminación acústica que superará los niveles establecidos en la legislación sobre el ruido en un 30 por ciento para una parte importante de la ciudad", las emisiones atmosféricas y la ocupación del antiguo cauce del río Túria y aledaños, que son consideradas zonas verdes en el actual Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (PGOU).

Ante esta situación, reclamaron que el proyecto sea sometido a un proceso de evaluación de impacto ambiental, así como a una evaluación ambiental estratégica regulada por la Ley 9/2006, con el consiguiente proceso de consultas y participación ciudadana.

Así, reclamaron a Flores información ambiental del proyecto y que exista participación ciudadana y "respeto" por los "principios de transparencia, información pública y libre concurrencia" en los contratos de servicios, obras y suministros del evento. (fuente PANORAMA ACTUAL )

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